Incertidumbre Continua para Quienes Ingresaron con la Aplicación
Por James Larsen, Abogado Principal
En los últimos meses, hemos sido testigos de algunas victorias clave en los tribunales para inmigrantes provenientes de países en crisis. El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos —anteriormente amenazado con ser eliminado por la administración Trump— ha sido extendido, preservando así las protecciones para miles de personas. En otra decisión importante, un tribunal federal bloqueó temporalmente los esfuerzos por desmantelar los programas de permiso humanitario que han brindado alivio a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Estas victorias legales reafirman la importancia de las protecciones humanitarias y la necesidad de coherencia en la manera en que tratamos a quienes huyen del peligro. Pero mientras algunas comunidades inmigrantes han ganado tiempo y seguridad, una situación más silenciosa y preocupante se está desarrollando fuera del foco mediático: afecta a cerca de un millón de personas que ingresaron a Estados Unidos bajo el programa de permiso humanitario CBP One, implementado por la administración Biden.
Estas personas siguieron las reglas, ingresaron por los puertos legales de entrada, y recibieron permisos de permanencia con autorización para trabajar—algunos válidos hasta 2026. Se les dijo que este era un camino legal y seguro para entrar a los Estados Unidos. Pero ahora, muchos están recibiendo notificaciones repentinas de que su permiso ha sido revocado y que deben abandonar el país de inmediato o enfrentar acciones por parte de las autoridades.
Esto no es simplemente un cambio de política—es una grave crisis de confianza para quienes cumplieron con las reglas y trataron de ingresar al país respetando las leyes vigentes en ese momento.
Quienes lograron presentar solicitudes de asilo poco después de llegar están en una mejor posición. Incluso si su permiso finaliza, pueden continuar con sus casos ante un juez de inmigración. Pero, ¿qué pasa con quienes no lo hicieron—o no pudieron hacerlo—a tiempo? Muchos enfrentaron barreras lingüísticas, traumas, falta de acceso a asistencia legal, o confusión sobre sus derechos. Ahora se encuentran despojados de su estatus, vulnerables a la deportación y atrapados en un limbo legal.
Esto no es simplemente una modificación de políticas—es un precedente peligroso. Estamos hablando de personas que ingresaron mediante un proceso aprobado por el gobierno, que recibieron permisos de trabajo oficiales, y que se integraron en comunidades estadounidenses. Amenazarlas ahora con la expulsión, sin aviso ni una vía legal clara, es injusto y desestabilizador.
Los tribunales han intervenido anteriormente para proteger el TPS y el permiso humanitario para poblaciones específicas. Pero hasta ahora, han guardado en gran parte silencio sobre este problema más amplio—las revocaciones que afectan a quienes usaron la aplicación CBP One y se les otorgó un camino legal hacia Estados Unidos.
Según la Constitución de los Estados Unidos, toda persona tiene derecho al debido proceso legal. Esto significa que cuando el gobierno actúa de manera que priva a una persona de la vida, la libertad o un interés patrimonial, esa persona debe recibir una notificación, la oportunidad de ser escuchada y una decisión por parte de un funcionario imparcial. Las notificaciones enviadas en la última semana representan un grave ataque contra ese derecho fundamental.
Si realmente valoramos el debido proceso, se necesita intervención judicial en este caso también. Si creemos en el Estado de derecho, no podemos permitir que la política migratoria cambie de manera tan radical que un día se invite a las familias a entrar y al siguiente se les expulse.
Aún hay tiempo para actuar—pero no mucho. Los defensores legales, las comunidades inmigrantes y los funcionarios electos deben exigir claridad, coherencia y compasión. Independientemente de si se estaba o no de acuerdo con la política anterior, el programa de permiso humanitario fue una promesa en la que muchos confiaron. Revocarlo sin causa ni advertencia rompe esa promesa y pone vidas en riesgo.
Immigration law changes rapidly. This article is for informational purposes only, reflects the law as of its publication date, and may be superseded by later changes in the law, regulations or agency policy. It is not legal advice, and reading it does not create an attorney-client relationship.La ley de inmigración cambia rápidamente. Este artículo es solo para fines informativos, refleja la ley a la fecha de su publicación y puede quedar superado por cambios posteriores en la ley, las regulaciones o las políticas de las agencias. No es asesoría legal, y leerlo no crea una relación abogado-cliente.